Esta propuesta emana del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores en el que estaban presentes los Ministros de Trabajo de la Unión Europea. El mencionado Consejo se reunió el 9 y 10 de junio donde alcanzó dicho “acuerdo” en busca de una mayor flexibilización de la jornada de trabajo y la legalización de los pactos individuales entre el em-presario y el trabajador en los aspectos que trata.

Es una reforma que se encuadra dentro de la ofensiva del neoliberalismo que dirigen las distintas patronales de los países de la Unión Europea, que, en el contexto de la crisis, venden como única salida la reducción de los costes de producción mediante el abaratamiento y la mayor explotación del factor trabajo. En definitiva una iniciativa más dentro de la lógica de la Unión Europea de primar el principio del libre mercado sobre los derechos de quienes trabajan, sumándose a la política comunitaria de privatizaciones de servicios y desmantelamiento del sector público. En este caso la propuesta tiene carácter urgente porque varios países de la UE pretenden contar con una norma que avale el incumplimiento que en muchos de ellos ya se está dando en sectores como el transporte o la sanidad.

Aunque la modificación sólo es una propuesta y requiere pasar por toda una serie de trámites para que entre en vigor, es evidente que los mecanismos institucionales para frenarla son escasos, siendo necesaria una reacción muy contundente a nivel de oposición pública para poder pararla, ya que el Parlamento Europeo, única institución de la U.E. que “al menos” es elegida por la población, sólo tiente competencias para ratificar decisiones tomadas por el Consejo o la Comisión y, en todo caso, lanzar proclamas y resoluciones que no comprometen a nada. El papel del Parlamento es el de dar un barniz de democracia al auténtico fin de la Unión Europea que es la protección de la Economía de Mercado, al tiempo que sirve para que cientos de diputados disfruten de excelentes sueldos y dietas, dejando el auténtico gobierno a las multinacionales.

Si, como hemos visto anteriormente, se confía en los poco democráticos mecanismos de la legislación comunitaria, podemos considerar la Directiva en vías de aprobación, ya que actualmente nos encontramos con un Parlamento Europeo con el 50% de escaños en posesión de la derecha, y a estos fácilmente se les sumaran los de los diputados socialdemócratas que apoyan la modificación. Hay que reseñar la paradoja de que este Parlamento sólo cuenta con el respaldo del 30% de la población, y sin embargo tiene toda la legitimidad para plantear tal recorte de derechos.

Dejando claro que la actual Directiva 2003/88 tampoco refleja los criterios que defiende nuestro sindicato (ya que recoge el límite de la jornada en 48 horas y es favorable a las pretensiones de la patronal), desde CGT apostamos por la moviliza-ción de los trabajadores en la calle como respuesta ante este atropello a sus derechos laborales en forma de modificación de la Directiva. Una modificación que demuestra hasta que punto la patronal es implacable a la hora de recortar derechos sociales.

El gobierno, pretendiendo dar la imagen de defensor de los trabajadores, ha difundido que no aplicará la Directiva en caso de aprobarse. Desde nuestra organización alertamos a que su aprobación implicaría que los Estados que la apliquen en su normativa (en extremos como la jornada de 65 horas semanales), harán que la Directiva pueda ser aplicada a los trabajadores de su país que trabajen en España. Las consecuencias serían nefastas ya que se presionaría en pos de la competitividad a los trabajadores.

La “Directiva de las 65 horas” se une al dumping social, las ETT´s, la externalización del trabajo, la siniestralidad laboral, la congelación de salarios, la contratación irregular o ilegal y los Expedientes de Regulación de Empleo, como caras de la misma moneda que es la precariedad laboral.

La actual crisis no nos puede dejar indiferentes. El modelo capitalista de producción busca una mayor concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Buscan conscientemente debilitar al movimiento obrero, por eso desde CGT llamamos a la resistencia y a la defensa de nuestros intereses de clase.

Sólo un sindicalismo combativo será capaz de plantar cara a este proceso de pauperización de las condiciones laborales en la Unión Europea.